Hace algunas semanas comenzaron los debates “oficiales” sobre la legalización de la mariguana. Uno organizado por la Secretaría de Gobernación, que forma parte de 5 debates dedicados a los diferentes enfoques relativos a la legalización (salud pública, seguridad pública, etc.). Paralelamente se llevan a cabo debates organizados por el poder legislativo.
Una propuesta para decidir si se
debe legalizar es el referéndum o el plebiscito (los términos no son sinónimos,
pero se usarán aquí de forma indiferente por su similitud y porque dependería
del gobierno y cómo se lleve a cabo el proceso cuál sería). Esta propuesta, a
simple vista, suena muy viable y democrática.
El referéndum se ha utilizado
diversas ocasiones alrededor del mundo, pero muchas veces, de manera
incorrecta. En Eslovenia se llamó a referéndum en diciembre pasado para decidir
si una ley que permitía el matrimonio homosexual y la adopción por parte estas
parejas, debía entrar en vigor. Dos terceras partes de los votantes se
opusieron a esta ley (el papa Francisco, por supuesto, apoyó a este grupo).
Algo que por definición suena muy democrático resultó un atropello a los
derechos humanos de una minoría.
Según la Primera Sala de la Suprema Corte de nuestro país, el decidir consumir mariguana va con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es derecho humano. Llamar a un referéndum para decidir si se debe legalizar sería un tremendo error. De acuerdo a varias encuestas, la mayoría de la gente está en contra (aunque con tendencia a la baja) de la legalización con fines recreativos, lo que seguramente (no necesariamente, podría depender de la participación) arrojaría un resultado en contra. Pero el hecho es que los derechos no se votan. La mayoría, por muy mayor que sea, no debe decidir sobre los derechos de la minoría cuando la ejecución de estos derechos no perjudica a terceros.
El debate debe estar basado en
datos y evidencia rigurosa. Datos como que la mariguana no ha causado ninguna
muerte directa, ¡ninguna!, contra casi medio millón del alcohol y el tabaco
juntos, sólo en 2013, en EUA; o que la mariguana tiene el potencial adictivo
más bajo de estas tres drogas; que por cada 100 pesos gastados en combate a las
drogas, 3 o 4 se gastan en prevención y atención a adictos; o el hecho de que
la política prohibicionista simplemente no ha funcionado para combatir al
narcotráfico y sólo lo ha hecho más poderoso mientras los más perjudicados han
sido los ciudadanos con una inseguridad ya insostenible.
Paralelamente está la discusión
de la legalización para usos medicinales. Ahí no veo gran debate. Las bondades
médicas de la mariguana están más que comprobados, a pesar de la limitada
investigación, a causa de la misma prohibición.
Yo pienso que la legalización
debe ir más allá del auto-consumo, que se empezó con la proyecto del Ministro
Zaldívar. Se debe regular el comercio y gravarlo.
La legalización le da un marco de
seguridad a los consumidores, no sólo por no tener que tratar con
organizaciones violentas, además, los productores gastarán en investigación
para desarrollar mucho mejores productos y más sanos, además habrá competencia
entre éstos. En la época de la prohibición del alcohol en EUA, se traficaba
muchísimo y de muy baja calidad. Algo así pasa hoy con la mariguana. Hoy el
mercado del alcohol es una con gran competencia, innovación y que genera muchos
empleos.
Por varias décadas, Estados Unidos
puso los consumidores y México los muertos. EE.UU. fue quien nos impuso –y a toda
Latinoamérica- la prohibición. Hoy, más de la mitad de los estados
estadounidenses han legalizado la mariguana con fines medicinales y varios para
la recreación. Canadá está también muy cerca de la legalización, a nivel nacional,
de la mariguana.
Entre 2006 y 2014, de 453 mil
detenidos por delitos contra la salud, 330 mil fueron por posesión y consumo de
alguna droga. El costo promedio de mantener un encarcelado por posesión de
mariguana es de 6 mil 414 pesos diarios*. Esto suma una cantidad bestial de
dinero, que sumada al impuesto a la producción y el ahorro por no perseguir
pequeños consumidores equivale a una cantidad de dinero de 11 o 12 cifras,
anuales, que pueden ser usados en prevención, apoyo a adictos, concientización
y en combatir a los verdaderos criminales, así como muchas otras cosas.
Por un debate sin filias ni
fobias, ni estigmas ni dogmas.
*”Encarcelamiento y costos sociales
de la política de drogas en México y América Latina”, CIDE
@CarlosAburtoC
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