El pasado viernes 21 de agosto, la Secretaría de la Función
Pública, encabezada por Virgilio Andrade, después de 6 meses, 2 semanas y 5 días
de haber recibido la encomienda de investigar el posible caso de Conflicto de Intereses en la compra de 3 casas del Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa
y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a contratistas del Gobierno Federal
y Estatal (cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México), determinó que no
existió tal. Que los funcionarios no habían incurrido en irregularidades.
No me meteré con la resolución en sí. Se ha discutido mucho
y se seguirá discutiendo que si debían ser sancionados, que si no. No se
verá eso.
Desde el 3 de febrero que el Mtro. Andrade recibió las
llaves de la oficina, que llevaba años queriendo ser desaparecida, el Gobierno
de la República se metió en un problema. Ellos solitos. Realmente no había manera de que la designación y la
investigación tuvieran efectos positivos para los involucrados: Peña y
compañía, y la ciudadanía.
Burdamente, había dos maneras de concluir la investigación:
1) Exonerar al Presidente (su jefe, el que le dio el puesto) y, 2) Encontrarlo
culpable conforme al Título Cuarto de nuestra Constitución y la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XIII,
que obliga a servidores públicos a “Excusarse de intervenir en cualquier forma
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes…” y sanciones que van de
apercibimiento a inhabilitación (Ídem, Art. 53).
Cualquiera que se “eligiera”, no habría resultados
positivos. Si iban por la primera, la dependencia perdería la poca credibilidad
que tenía y abonaría a la profunda desconfianza que se tiene en las
instituciones y, particularmente, en el Gobierno Federal. Se fueron por esta
opción mencionando la investigación que se hizo y las 111 declaraciones de
funcionarios que se obtuvieron que decían que Peña no influyó de ninguna manera
sobre ellos.
Si tomaban la segunda opción, habrían tenido que sancionar
al presidente. El primer problema es claramente cómo, en qué grado. Ya sea
suspenderlo, inhabilitarlo, sanción económica o lo que sea no había forma de
ganar. Yo no creo que “despedir” al
presidente sea la solución de todos los problemas del país.
No sé qué pasaba por la cabeza del Presidente y sus
asesores cuando pensaron que ésta sería una salida eficiente del problema, ¿que
con una investigación, que tardó más de medio año y 9 meses después de que la
noticia salió, en la que se libera de toda culpa al Presidente y al Dr.
Videgaray, la ciudadanía quedaría satisfecha y agradecida por la aclaración? ¿Que el problema se esfumaría y podrían avanzar? Pues no. Creo que, en todo
caso, esto indigna más a la sociedad.
Es una lástima que alguien como Virgilio, que es muy
capaz, se haya prestado para algo así.
Es probable que el Presidente y su esposa hayan tenido la
mejor de las intenciones y todo haya sido conforme a la ley, pero no lo
resuelves nombrando a un subordinado, tratando de resolver un conflicto de
interés con otro, siendo infractor y al mismo tiempo investigador. El
Presidente se disparó al pie. No podía salir airoso de la situación así.
@CarlosAburtoC
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